30/09/2021

Crónica de una muerte Anunciada

En el año 2014, Panamá fue incluida en la “Lista Gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). No fue una novedad. De hecho, se había anticipado con la publicación del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) a principios de ese año, en el que señalaba que Panamá solo cumplía una 1 de las 40 recomendaciones que GAFI sugiere para combatir internacionalmente el delito de Lavado de Dinero o Activos. Se definió un plan de acción entre GAFI y Panamá en el que esta última se comprometió a cumplir 19 recomendaciones para reforzar los sistemas de supervisión y control de su sistema.

 

La inclusión del país en la lista gris del GAFI tuvo varios impactos en la economía panameña, entre ellos la pérdida de más de 70 corresponsalías bancarias.

 

En febrero del 2016, el organismo reconoció el cumplimiento de Panamá del plan acordado y aprobó la salida de la lista gris, proceso en el que Panamá debió aprobar leyes para inmovilizar la acciones al portador de las Sociedades Anónimas, ofreciendo certeza sobre la identificación de sus beneficiarios finales y, para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación armas de destrucción masiva, extendiendo la cobertura como sujetos obligados a nuevos actores económicos que debían cumplir la obligación de ejecutar la política de conocer al cliente e informar a las autoridades sobre operaciones sospechosas.

 

Igualmente se creó la Intendencia (hoy Superintendencia) que tiene a su cargo la supervisión de los sujetos obligados no financieros y las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, (abogados, contadores y notarios) referente a los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

 

A pesar del avance logrado en cuanto al fortalecimiento del marco legislativo sobre la prevención de lavado de dinero, la falta de efectividad en la supervisión de los sujetos obligados, principalmente los no financieros, para combatir este delito, llevó a Panamá nuevamente a la “lista gris” del GAFI en el año 2019. Analistas coincidieron en que la decisión del GAFI pudo haber sido influenciada por la aprobación tardía de la ley que penaliza la evasión fiscal como delito precedente del lavado de dinero.

La siguiente evaluación fue recién en febrero pasado, retrasada por la pandemia, en la que el GAFI decidió mantenerle el puesto en el grupo de naciones de seguimiento intensificado a Panamá. En la Resolución, el organismo reconoció que el país ha tenido avances, pero señaló que los plazos fijados para el cumplimiento de diversos requerimientos habían expirado.

El GAFI remarcó que Panamá debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, principalmente en:  

 

  1. Fortalecer su comprensión del riesgo e informar los hallazgos a sus políticas nacionales para mitigar los riesgos identificados.
  2. Continuar tomando medidas para identificar a los remitentes de dinero sin licencia, aplicar un enfoque basado en el riesgo para la supervisión y asegurar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias contra las violaciones.
  3. Establecer mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales, evaluando los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas y arreglos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de los accionistas y directores nominales.
  4. Utilizar continuamente las investigaciones realizadas por la UAF para las investigaciones de lavado de dinero, demostrando capacidad para investigar y enjuiciar este delito, involucrando delitos tributarios extranjeros y continuar brindando cooperación internacional constructiva y oportuna para tales delitos.

 

La inclusión en la “lista Gris” no significa que un país sea no-cooperador en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Significa, más bien, que se trata de un país que mantiene su compromiso de cooperación, pero en el que persisten deficiencias regulatorias y legislativas.

 

Preocupado por ello, Fondo Monetario Internacional, FMI, asistirá a Panamá para salir de la lista gris en la próxima evaluación del GAFI, según lo manifestado, recientemente, en documentos publicados sobre la Línea de Precaución y Liquidez (LPL) de 2.700 millones de dólares por dos años atribuida a Panamá, aprobada por el directorio el 19 de enero pasado.  Señala que:  "La agenda de políticas durante la LPL se centrará en facilitar la pronta salida de (Panamá) de la lista gris del GAFI, fortalecer la adecuación de los datos y la gestión financiera pública, así como preparar la economía para la recuperación pospandémica".

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