La denuncia de irregularidades en el marco de las organizaciones ha ido año a año en aumento. Por ello, muchos organismos europeos llevan tiempo haciendo un llamamiento a la protección de los denunciantes como factor clave del éxito en la efectividad de estos programas. 

En 2019 se creó un grupo de trabajo con el fin de desarrollar las directrices del Sistema de Gestión de Canales de Denuncia – Whistleblowing Management Systems. Tras meses de trabajo, su finalización está prevista para 2021.

La norma ISO 37002 nace para guiar a cualquier organización en la gestión de denuncias internas ofreciendo una serie de pautas y recomendaciones prácticas relacionadas con el ciclo completo del proceso de denuncia.

Gracias a la ISO se conseguirá la normalización de los protocolos de actuación que servirán para proteger a la empresa, a los denunciantes anónimos y a aquellos terceros con los que la empresa mantiene una relación empresarial o contractual.

La nueva norma seguirá la estructura habitual de las ISO, como lo es la reciente ISO 37301 para Sistemas de Gestión de Compliance. Aunque en este caso, el objetivo será proveer de unas guías protocolizadas para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de los Canales de Denuncia.

Se asemejará a la directiva europea que también está en fase de transposición, y que deberá estar implementada en todos los Estados miembros antes del 15 de mayo de 2021. Como punto en común con esta directiva se encuentra la protección de los denunciantes mediante la confidencialidad, estableciendo medidas para evitar represalias de éstos y demás personas implicadas.

Aunque el enfoque de la ISO 37002 residirá más en la gestión de las organizaciones que deseen implementarla, ampliando sus beneficios por la anticipación en el conocimiento de malas conductas, protegiendo los activos e integrándolo con las demás políticas de compliance.  Su aplicación temprana reforzará la cultura del cumplimiento y el liderazgo en la organización tomando por base la confianza, la protección e imparcialidad.

La norma está diseñada para que pueda ser aplicada por todo tipo de entidades. Por eso es fundamental una primera evaluación que ayude a establecer las medidas preliminares, priorizar acciones y asignación de equipos, que necesariamente estarán afectados por el tipo de organización. Para ello permitirá la delegación de funciones en el proceso de toma de decisiones, manteniendo correctamente la gestión de conflicto de interés.

Como todos los sistemas de gestión (ISO) habrá que documentar el proceso, la política y asegurar la existencia de los recursos y las competencias de los gestores, así como ayudar a la organización que vaya a implementar la norma a identificar qué comportamientos son los denunciables y cuáles no.

La misión de los profesionales estará en integrar los requerimientos que establece la ISO con los plazos y garantías que obliga la directiva europea de protección de alertadores. También es vital para los profesionales formarse en los requerimientos y habilidades necesarios para gestionar adecuadamente una denuncia y las situaciones que pueden darse durante su gestión.

La implementación de esta ISO en tu empresa u organización supera las exigencias de la Directiva 2019/1937 y permite añadir una serie de beneficios, ya que protege a la empresa en todos los aspectos legales y fortalece el sistema de gestión de compliance. Además, proporciona una ventaja muy valiosa a la hora de recabar información imprescindible para prevenir riesgos y detectarlos. Todo esto redundará en la transparencia empresarial y en la confianza a nivel corporativo y de recursos humanos.

En Becompliance, además de integrar el CanalDenuncia.App en nuestros productos, hemos comenzado a dirigir el Curso Especial en Gesto de Canales Denuncia con la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Si lo deseáis, podemos acompañaros en el proceso de certificación de la norma de tal manera que asegurarás con éxito el cumplimiento legal y voluntario con una herramienta clave en el modelo de prevención de delitos penales y diálogo con los grupos de interés.