EL término compliance poco a poco se extiende por el mundo empresarial y organizativo, incluso por la administración pública. Para muchos todavía desconocido este anglicismo hace referencia a la necesidad de una empresa de establecer procedimientos adecuados para garantizar que tanto directivos, empleados y demás agentes relacionados cumplan con la normativa actual –no solo en lo que respecta a leyes sino también a políticas internas, compromisos con clientes, proveedores o terceros, y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar–. Para ello es necesario identificar y clasificar los riesgos legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos de prevención, gestión, control y reacción.

Carlos Díaz, CEO de Becompliance, una empresa especializada en compliance o cumplimiento normativo con sedes en Málaga y Madrid, pero con un campo de acción y crecimiento nacional e internacional –por siete países latinoaméricanos: México, Perú, Panamá, Chile, Ecuador, Guatemala y Colombia–, apunta a que se trata de “la cultura de hacer bien las cosas en cualquier empresa, organización, administración, asociación, partido político o sindicato”.

De hecho, indica que tener un sistema de cumplimiento normativo “aporta valor a la empresa, que intenta identificar dónde están sus posibles riesgos y evitarlos antes de que sucedan; y si suceden lo que intenta es mitigarlos, reducir el impacto – y de que el trabajador sea el último perjudicado–”. “Este sistema beneficia tanto a la empresa como a la sociedad en general, si tú implantas una cultura de hacer bien las cosas, aunque sea a medio o largo plazo eso permea poco a poco”.

En Becompliance proponen un sistema único que va desde la investigación inicial a través de una auditoría exhaustiva en la que diseñan un plan de acción completamente personalizado que se adecue a las características de cada cliente, “a la vez que proporcionamos soluciones a medida, que se van implementando y comprobando su eficacia para lograr una mejora constante con el objetivo de que cada cliente alcance el control, el Buen Gobierno, la Ética y la transparencia en su organización ”, explica Díaz.

Aunque el compliance es extensivo a todas las áreas, bien es cierto que hay algunos sectores más susceptibles de estos sistemas como pueden ser el “sector público, porque está en juego el dinero de todos los ciudadanos, o la industria alimenticia, porque el problema final llega al consumidor de una forma clara, lo vimos con el tema de la carne mechada, que un modelo de compliance debería haberlo detectado. La sanidad es otro de los sectores que por la repercusión que pueda tener si que interesa hacer un esfuerzo. Son sectores que muchas veces están en la línea roja y al final la organización decide qué limite poner y qué recursos establecer para no pasar de esas rayas. No es lo mismo pagar una multa administrativa que atropellar a alguien”, explica el CEO, que añade que en muchas ocasiones los riesgos de una empresa son inherentes a la propia actividad que tienen, luego hay riesgos transversales a todas las empresas, fiscales, laborales…”.

Canal denuncia 2021

Díaz advierte de la inminente llegada de un cambio normativo de una directiva europea, que obligará a las organizaciones a implementar determinados servicios relacionados con la materia, como es el canal denuncia interno. La denuncia de irregularidades en el marco de las organizaciones ha ido en aumento. “En España hay muchos ejemplos de personas que han denunciado hechos que podrían ser delictivos en corrupción y se han visto con secuelas bastante grandes, se les ha despedido, se han iniciado procedimientos contra ellos… caso Gurtel, en Andalucía los cursos de formación...”, apunta el CEO de Becompliance, y añade que, muchos organismos europeos llevan tiempo haciendo un llamamiento a la protección de los denunciantes o alertadores –como redefine Carlos Díaz–como factor clave del éxito en la efectividad de los canales denuncia.

Es por ello que “esta norma trata de establecer mecanismos para proteger a esas personas y que cualquier empleado o persona vinculado a una organización pueda denunciar hechos que considere delictivos dentro de lo que la directiva recoge. Esto hará que las empresas actúen, aunque sea por miedo, para modificar esa cultura”, explica.

En este caso va a ser obligatorio para toda la administración pública, con alguna salvedad, y en todas las empresas de más de 50 trabajadores. “Estas tendrán que implantarlo a ritmos agigantados”, anuncia el CEO de Becompliance que apunta que “en Andalucía hay empresas públicas que lo están haciendo”.

Entre los múltiples servicios que ofrecen en Becompliance cuentan con un software especializado en Canal de Denuncia –canaldenuncia.app–, que permite alertar de forma confidencial y/o anónima sobre cualquier conducta irregular, ilícita o contraria a su código ético garantizándose la confidencialidad en todo el proceso. “Ofrecemos diversos planes a medida y la posibilidad de una gestión integral para la implementación y gestión del canal”, apunta Díaz. Este software propio está funcionando muy bien con clientes como el Metro de Madrid.

“En definitiva, está normativa busca construir en positivo”, que las empresas sean tan transparentes que de alguna forma estén dispuestos a asumir esos riesgos, que es mucho mejor conocerlos antes de que salgan en prensa, en el juzgado porque te permite actuar y evitar la posible incidencia al tener ese canal denuncia abierto”.

Este concepto, a simple vista utópico, busca “construir, hacer una sociedad más duradera (empresa, ayuntamiento…) porque al final una incidencia afecta a todos los que forman parte de la organización, el hecho de que haya gente corrupta o malos hábitos dentro de una organización es perjudicial para todos, eso implica un cambio cultural importante. El compliance ha venido para quedarse, por lo que principal reto es el cambio cultural de todo lo vivido hasta ahora con temas urbanísticos, acosos laborales...”.

El canal de denuncias se convierte en una herramienta para detectar esos conflictos y poder atajarlos. “Ahora mismo cuesta entenderlo, porque tenemos la cultura del chivato, en EEUU en determinadas circunstancias se recompensa al denunciante, con cantidades millonarias”, sostiene Carlos Díaz. Aunque para que todo esto funcione tiene que estar acompañado de formación de empleados, directivos, proveedores, de la sociedad en general y de comunicación.

Artículo publicado por Tania Abril para Grupo Joly (01/02/21)